| Soberanía sobre nuestro territorio: fronteras, agua y tierras en peligro |  |  |
“La tierra y el agua deben ser consideradas un bien social, un derecho humano indiscutible. Son la base para el desarrollo de los pueblos, su cultura, su economía, la vida misma. Necesitamos una política de la tierra y del agua soberana, que incluya a todos. Una aplicación irrestricta de la Constitución Nacional y de las leyes. Si seguimos entregando territorio vamos a ser visitantes en nuestro propio país y los bienes estratégicos ya no serán nuestros”.
La concepción mercantilista y materialista sobre los bienes naturales comunes como la tierra, el agua y la biodiversidad en su conjunto, ha transformado a los mismos en productos con precio, en bienes de mercado dispuestos al mejor postor. Esta concepción ha dado lugar a la concentración de la tierra en pocas manos, la creciente extranjerización de nuestro territorio nacional, el uso de grandes extensiones de suelo para monocultivos arrasando con cientos de miles de has. de bosque nativo y diversidad biológica, a las expropiaciones de tierras de comunidades originarias y antiguos pobladores y ha enriquecido a un puñado de empresas mientras se empobrecen en proporciones inimaginables los marginados de este sistema.
Millones de hectáreas de tierras con acuíferos, minerales, bosques y biodiversidad en general ya pertenecen a empresas o propietarios extranjeros; el 10 por ciento del territorio nacional estaría en manos extranjeras, aunque podemos suponer que esta cifra ha ido aumentando en los últimos años y hoy se trata de mucho más.
En los últimos años se han presentado varios proyectos de ley en el Congreso Nacional, en los cuales se propone, como posible solución a este problema, incrementar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, grandes empresas y particulares.
En el año 2002, diputados del ARI, presentaron un proyecto, que ha sido actualizado y representado por los Diputados de la Coalición Cívica Susana García, Fernando Sanchez, Elsa Quiroz y otros.
La Federación Agraria Argentina también impulsa hace años una iniciativa contra la extranjerización, como también el gobierno nacional desde el Poder Ejecutivo ha anunciado recientemente la presentación de un proyecto de ley en este sentido.
En el marco de las crisis globales y la carencia de algunos bienes naturales en distintos lugares del planeta, algunos proyectos geoestratégicos de otras naciones se asientan sobre lugares de riqueza natural y biodiversidad en nuestro país, ante la posibilidad de mayores crisis en las que esos bienes sustanciales para la vida se vuelvan escasos. En esta situación subyacen intereses especulativos asociados a los patentamientos de semillas, de biodiversidad, la expansión de monocultivos, los negocios con el agua, entre otras tantas formas de redituar con la necesidad de los grupos humanos.
Sociedades anónimas, organizaciones verdes o personajes filántropos desembarcan en puntos estratégicos, incluyendo la Patagonia entre uno de sus destinos preferidos. Con proyectos productivos locales, impulsando el turismo alternativo de consumo exclusivo (y excluyente), con afanes conservacionistas o disponer de una porción del “paraíso”, magnates extranjeros han comprado miles y cientos de miles de has. con lagos, ríos, costas de mar y biodiversidad, inclusive en espacios sensibles para la soberanía de nuestro país, como son las zonas de frontera.
Con astucia buscan aproximarse a las comunidades cercanas haciendo aportes a escuelas, clubes, y otras entidades tanto públicas como privadas, valiéndose de la ausencia de un Estado que es quien debe garantir los derechos fundamentales de los ciudadanos en el sistema republicano que hemos elegido. Lamentablemente es el mismo Estado en muchas ocasiones quien se retira de su función concreta dejando (y hasta alentando…) que las empresas se ocupen de llenar ese espacio abandonado. Queda en evidencia de esta forma que algunos gobiernos terminan siendo funcionales a la concepción privatista y neoliberal apelando desde el propio Estado a su desaparición o debilitamiento.
En la Patagonia, algunos casos son ejemplo de concentración y extranjerización del territorio: los hermanos italianos Benetton con la compra de más de 900.000 has que comprenden las Estancias “Pilcañeu”, “Alicura”, “Leleque”, “El Maiten”, “Coronel”, “Cóndor” en Chubut; la estancia “La Primavera” de 4.400 has adquirida por Ted Turner (propietario de CNN) quien ya suma 55.431 has en la zona andina neuquina; Douglas Tomkins con sus intensiones conservacionistas en la cordillera chileno- argentina y Joe Lewis con las 14 mil has que bordean el lago Escondido cerca de El Bolsón, Río Negro. Solo por mencionar a algunos.
De esta forma es como crecientemente vamos perdiendo el dominio, nuestra soberanía sobre el territorio y sus riquezas.
Quien defiende las Fronteras?
Históricamente las fronteras de los países han sido protegidas con el fin de garantizar la integridad del territorio, la cultura e identidad de los pueblos y la soberanía sobre los bienes naturales comunes. Así ha sido también en nuestro país. La legislación nos muestra la importancia de la radicación de ciudadanos argentinos nativos en estas zonas sensibles a la soberanía nacional, pues el Artículo 4º del Decreto Ley Nº 15.385/44 (Ley Nº 12.913), reemplazado por el artículo 42 de la Ley Nº 23.554 dice que: “Declarase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos…”. De igual forma lo hace la ley 18.575 de Promoción para el Desarrollo de Zonas de Frontera.
Pero lo cierto es que en la actualidad, estas franjas de 150 km de frontera desde la cordillera y de 50 km en las costas, carecen de protección cierta. En los últimos años, el incremento en la venta a extranjeros de tierras en estas zonas estratégicas quebrantó el espíritu de la normativa vigente, y nuestro país involucionó en materia de restricciones.
Tierras y costas en Rio Negro. Una cuestión de soberanía.
Nuestro territorio provincial tiene abundancia de bienes naturales indispensables, de cuyo cuidado, preservación y buena administración, dependen las condiciones futuras –políticas, económicas y sociales- en las que viviremos los rionegrinos. Sin embargo siendo una cuestión vertebral la soberanía sobre nuestro suelo, las políticas públicas en este sentido son casi inexistentes así como la participación que se les brinda a los movimientos sociales y al pueblo rionegrino a través de sus organizaciones.
La cuestión de la soberanía sigue provocando debate y preocupación en la sociedad rionegrina, y es por esta razón que he prestado especial interés en temas como: el aeropuerto perteneciente a un grupo inglés en zona de frontera, el acceso público al lago Escondido, la venta a extranjeros en zonas fronterizas, la desaparición en solo 6 años de 1074 productores en el Alto Valle solamente, la privatización de hecho de bienes de dominio público como lagos, ríos y costas del atlántico, y el reciente plan para destinar tierras productivas para la siembra de soja, y otros monocultivos con capitales chinos en el Valle Medio e Inferior.
Un caso ejemplar del no ejercicio de la soberanía territorial en las zonas de fronteras, es el del aeródromo particular ubicado a aproximadamente 1.000 metros del océano atlántico (zona de seguridad de fronteras), a pocas horas de vuelo de Islas Malvinas en la zona de Puerto Lobos, Provincia de Río Negro. Este aeródromo de dimensiones semejantes a la pista del aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche, cuyo propietario – creador de una sociedad anónima Bahía Dorada SA-, está vinculado con el magnate inglés Joe Lewis, es la clara muestra de la afectación a nuestra soberanía territorial pues se encuentra en zona de seguridad de frontera. Situación que se ve agravada por la inexistencia de garantías de radarización del mencionado aeropuerto que controlen el movimiento aéreo del mismo.
Este caso demuestra que en Río Negro, las áreas estratégicas para la seguridad nacional y con importantes bienes naturales, se encuentran desprotegidas, pues tenemos un aeropuerto de gran porte sin control del Estado y a dos horas de vuelo de una región donde Inglaterra está instalando misiles para proteger la ilegal explotación petrolera en nuestra plataforma continental argentina.
Recientemente, la ley 4584 de mi autoría modifica la ley provincial Q nº 1537 y fija restricciones a la adquisición de tierras fiscales en zonas de seguridad de fronteras, lo que espero sea un aporte para evitar la enajenación de las mismas y la pérdida de soberanía y control del territorio que ello representa.
Otra muestra de la falta de soberanía y de una planificación estratégica acerca del uso del territorio, es la entrega del gobierno provincial de casi 200.000 has de territorio (en parte estaría irrigado) en la zona de la margen norte de río Negro, entre Choele Choel y Viedma, a una empresa China con el fin que se completen obras de riego y sistematización para la producción de soja por 20 años.
Si los mismos esfuerzos puestos en un proyecto que beneficia a otro país, a otra economía, hubieran sido volcados en proyectos productivos locales y regionales para el autoabastecimiento de alimentos, podríamos hablar de soberanía territorial a partir de la cual construir quizás la soberanía alimentaria, para que los rionegrinos al fin puedan comer lo que se produce en su provincia y que en la mayoría de los casos se encuentra fuera de su alcance; pero se eligió el camino de tomar decisiones inconsultas vulnerando así la opinión de las organizaciones sociales, políticas, de los ciudadanos y productores.
Temo que el destino de la tierra rionegrina quede supeditado a las necesidades de países lejanos, y no hablo de nuestros hermanos latinoamericanos que vienen a trabajar y habitar nuestro suelo argentino, sino de los grupos de inversión con integrantes desconocidos que viven a mas de 10.000 kms de aquí y que vienen generalmente a especular con nuestros recursos naturales.
Caso Lago Escondido, paradigma del libre acceso a las costas.
Tal como el caso del río Minero en Estancia la Primavera –Neuquén‑ perteneciente a Ted Turner, el caso lago Escondido en la Estancia del empresario Joe Lewis es muy conocido. Se trata de espejos de agua que se encuentran “privatizados”, cuando en realidad pertenecen a todos los ciudadanos.
El art. 73 de la Constitución Provincial de Río Negro determina que “Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público…”.
El mandamus presentado en el 2005 con el fin de que se cumpliera esta manda constitucional en el lago Escondido, dio lugar a que el Superior Tribunal de Justicia rionegrino, a través de un fallo de fecha 30 de julio del 2009, ordenara al gobierno provincial iniciar la habilitación de los accesos públicos al lago, el sendero de montaña y el camino de Tacuifí. En el marco de esta medida judicial, el 19 de marzo pasado, una delegación compuesta por el máximo tribunal, los amparistas, empleados de la Empresa Hidden Lake SA y las organizaciones sociales, recorrimos el camino público vecinal con el fin de constatar su estado y la posibilidad de acceder al lago a través de él. Finalmente pudimos llegar al lago confirmando que: el camino utilizado históricamente se encuentra en óptimas condiciones para ser transitado por cualquier tipo de vehículo hasta el lago; que la empresa HL SA habría hecho trabajos de dragado en el rio Foyel con el objeto, suponemos, de dificultar el tránsito de vehículos y que parte del camino privado de la empresa y algunas instalaciones de la Estancia Lago Escondido, incluida una parte de la mansión del magnate inglés habrían sido construidas sobre el camino público. Solo estoy mencionando algunas de las situaciones registradas en esta verificación ocular.
Es necesario destacar que el fallo del mayor tribunal provincial es un precedente de máxima trascendencia teniendo en cuenta que a lo largo de nuestro país se incumple, en muchos casos, el derecho inobjetable de acceder a ríos y lagos navegables, constituyendo este hecho una violación a la normativa de fondo nacional.
La ciudadanía debe saber que la adquisición de la tierra no incluye los espejos de agua, ni los ríos, ni las costas del mar, es decir, un derecho no genera consecuentemente otro. Los cursos de agua navegables son bienes públicos sobre los que todos tenemos el derecho a acceder, usar y gozar. Por ello la defensa de este derecho debe hacerse en todo el territorio nacional. El interés público debe estar por encima del interés privado. Esta es una premisa fundamental si aspiramos a consolidar una sociedad justa donde el Estado sea garante de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.
Por Legisladora Provincial Magdalena Odarda CC ARI RN
