27/03/2011 | Buenos Aires.- (APP) Punteros y vecinos del Lago Escondido, en Río Negro, comenzaron un plan de acción con vistas a torcer la investigación del máximo tribunal provincial sobre la usurpación de caminos públicos por parte del magnate inglés.
Una semana después de que la Corte Suprema de Río Negro ingresara por primera vez en 12 años a la propiedad que el magnate británico Joe Lewis tiene en los alrededores del Lago Escondido, un grupo de vecinos y punteros que le responden iniciaron un plan de acción inédito para que la zona siga siendo privada. Ayer al mediodía se congregaron sobre la Ruta Nacional 40, en la tranquera por la que accede al disputado camino de Tacuifi que lleva al lago, para marchar hacia Viedma a fin de advertir que las causas judiciales en las que se analiza devolver ese y otros caminos al uso público “no sólo faltan a la verdad sino que están motorizadas por prejuicios políticos, ideológicos y sectoriales”.
La protesta se ideó el viernes y se dio a conocer mediante un comunicado firmado por “vecinos de El Bolsón, El Foyel, El Manso y Mallín Ahogado”, las zonas que rodean el emprendimiento Hidden Lake de Lewis.
“Es la misma gente que hace un tiempo intentó armar una movida para declararme persona no grata, ellos son los que financian esta iniciativa”, dijo a Tiempo Argentino la legisladora del ARI Magdalena Odarda, quien desde el año 2005 viene denunciado las irregularidades de Lewis y sus socios. Una semana atrás, cuando el titular del máximo tribunal rionegrino, Víctor Sodero Nievas, ingresó al predio junto a Odarda, la Federación Agraria y organismos de Derechos Humanos, se comprobó que el millonario dueño de las marcas Puma, Vans y Hard Rock Café tiene sobre el camino Tacuifi dos mansiones, además de un emprendimiento sobre el propio lago y varias canchas para practicar deportes.
La movilización a favor de Lewis tuvo una avanzada el viernes por la noche en Viedma, cuando alrededor de 50 personas marcharon por la ciudad haciendo un escrache contra los domicilios que identificaron como vinculados al juez Sodero Nievas, según refirió el diario Ruta 40 de El Bolsón, y cuya propietaria es sindicada como miembro del elenco estable de personal que trabaja para Lewis.
Una fuente de la zona consultada por este diario confirmó que “la operación tiene ya listos los pasos siguientes, que incluyen campañas para desprestigiar a figuras clave en la causa y en las últimas inspecciones”. La misma fuente explicó que los señalados son la legisladora Odarda, el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y el juez Sodero Nievas.En la declaración que hicieron pública el viernes por la noche, los manifestantes advirtieron que transformar al camino Tacuifi en público implicaba la “desaparición” de Hidden Lake y de sus 200 puestos de trabajo, y señalaron que “entienden que es la inutilidad del Estado Provincial la que genera las dificultades para acceder al predio”, y que “se trata de distraer la responsabilidad del mismo, trasladando el problema hacia un empresario que, independientemente de su origen extranjero, ha permitido un desarrollo de la región que era ajeno a sus responsabilidades”. Con esta posición, le pasan la pelota al Estado, luego de que la legisladora presentara el viernes pasado ante la justicia un pedido para que se investigue si funcionarios y empresarios tienen responsabilidad civil y penal por la entrega de lugares públicos a manos privadas.
Para entender cómo opera Lewis alcanza con ver la manera en que los medios locales reprodujeron la convocatoria de ayer, y la contribución para propagar una intimación dirigida contra la justicia: “Nos movilizamos para que la capital de la provincia sepa lo que hacen sus funcionarios. Para que el gobernador sepa lo que hace a espaldas suyas el Poder Judicial. Para que la Legislatura sepa qué clase de jueces se sientan en sus lujosos despachos a decidir los destinos de sus pueblos sin importarles lo que la gente dice”, señalaron.
La consigna del comunicado que llamó a la marcha hacia Viedma fue “Sin respeto no hay justicia”, y en otra parte del extenso texto los firmantes manifiestan que “haremos todo lo necesario para que se reconozcan nuestros derechos. Marchamos por el respeto a la propiedad privada porque utilizan consignas falaces para discriminar, con un discurso mentiroso que busca justificaciones y utiliza como caballito de batalla a la extranjerización, cuando el daño se está haciendo desde adentro.”
En el caso Lewis se está concentrando la atención política rionegrina y cada vez más a nivel nacional, en el marco del debate acerca de los límites a la extranjerización de las tierras. (TIEMPO ARGENTINO)
