jueves, 2 de septiembre de 2010

Tierras fiscales en Río Negro Miles de hectáreas vendidas a valores "irrisorios"

VIEDMA (AV).- Los legisladores del Foro Rionegrino, Luis Bardeggia y Luis Bonardo radicaron una denuncia penal ante la aparición de nuevos indicios que hablan de un presunto mecanismo irregular para la venta de tierras fiscales a empresarios y abogados en la zona andina.

Los funcionarios describieron tres maniobras de transferencias de tierras a privados ejecutadas por el Estado rionegrino, que se habrían realizado contraviniendo las normas específicas para esas operatorias. Una de ellas -que anticipó "Río Negro" este domingo- se refiere a la venta de un campo de 359 hectáreas ubicado en la zona de El Bolsón a José Luis Martínez Pérez -cónyuge de Ana María Trianes- por un precio de 251.113 pesos. El adquirente fue un conocido abogado barilochense y presidente de la firma estatal forestal Emforsa.

Antes de que transcurriera un año de la compra, el funcionario le vendió la tierra a Nicolás Van Ditmar, en favor de Hidden Lake, firma del magnate inglés Joe Lewis. Entre otras irregularidades, la denuncia destaca que las tierras fiscales adquiridas no pueden ser transferidas hasta cinco años después de la compra original, porque así lo establece la Ley 279 (de Tierras Fiscales).

A ese caso ya descripto por "Río Negro", se sumaron en la denuncia penal otras dos ventas supuestamente ilegales. Una de ellas se realizó en favor de Miguel Guajardo y de Uberfil Carrillanca. Se realizó mediante transferencia en la Escribanía General de Gobierno el 30 de abril de 2008. En dicha oportunidad se fijó por las 14.698 hectáreas transferidas un precio total de 1.330.830,37 pesos, (90 pesos por hectárea). Los legisladores consideraron que "el precio percibido por la Provincia es tan exiguo que aún en atención a la función social que se pretende establecer con la adjudicación de tierras fiscales, no puede pasar desapercibido lo irrisorio de lo abonado por los adjudicatarios".

A pesar de que se pactaron cuotas a diez años, el 17 de agosto de 2009, se transfirió la propiedad a favor de Marcelo Mindlin, previa cancelación total del precio de venta. "Es decir, que previo a celebrarse tal escritura, los originales adquirentes -Guajardo y Carrillanca- cancelaron en efectivo y de contado más de un millón de pesos cuya financiación estaba pactada en diez años vista de la primigenia operación", destacaron Bonardo y Bardeggia.

"Uno de los adjudicatarios iniciales del inmueble, Carrillanca, fallecido el 25 de julio del presente año, se desempeñó laboralmente y en relación de dependencia con Federico Pío Van Ditmar y, a posteriori, con Van Ditmar Patagonia y Asociados SRL", describen los legisladores.

Ante la prensa se aclaró que Mindlin integra la firma Pampa Energía, que precisamente es la empresa que pretende construir una central hidroeléctrica en las tierras de Lewis (ver aparte). "Estas circunstancias inducen a pensar que Carrillanca no operaba más que como un intermediario o "presta nombre" que facilitó el traspaso de las tierras obrando fraudulentamente contra el erario de la administración provincial", afirmaron.

El tercer caso, es una llamativa triangulación en la que también participa Martínez Pérez. "Se trata de un campo de aproximadamente 4.500 hectáreas, enajenado por un valor de $ 163.448 a favor de la empresa Forestal y Ganadera San Tadeo SRL, la que fue representada en el acto de adquisición por Fernando Juan Manuel Valenzuela, socio de Martínez Pérez en su estudio jurídico. El acto se celebró en fecha 12 de marzo de 2008 por ante la Escribanía General de Gobierno. En noviembre del mismo año, la propiedad es transferida a favor de Ana María Trianes (cónyuge de Martínez Pérez y además socia de la misma firma forestal que adquirió inicialmente). Adviértase que el integrar el mismo núcleo familiar que otro adquirente (su esposo), hubiera sido obstáculo para el otorgamiento de la titularidad dominial, toda vez que al ser un bien ganancial, se incurriría en uno de los impedimentos previstos por la ley de tierras", describen los legisladores.

En la denuncia se pidió investigar las acciones de la Dirección de Tierras, que depende del Ministerio de la Producción.